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Instituciones reguladoras

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ORGANIZACIÓN COLONIAL


La Legislación de Indias

 

El Derecho Indiano

El auspicio dado por la corona de Castilla a la empresa de Colón permitió al reino castellano abrogarse el derecho de aplicar su legislación, el derecho público castellano, en los reinos americanos conquistados. Este se aplicó en los primeros tiempos (siglo XVI), pero la realidad americana era distinta a la española, por lo que se plantearon nuevas situaciones y surgió un derecho que reemplazó al anterior: el derecho indiano.

La nueva legislación indiana se formó con las disposiciones otorgadas a Colón en 1492 y las que posteriormente dictaron las instituciones y funcionarios del gobierno colonial como cédulas y cartas reales, instrucciones, capitulaciones, provisiones, ordenanzas y fallos judiciales que dieron forma a la organización política y jurídica de los reinos hispanoamericanos.

Los derechos castellano y consuetudinario tuvieron una aplicación supletoria en América puesto que la realidad política, social e intereses económicos impusieron ocasionalmente su utilización por carecer el derecho indiano de una unidad orgánica.

Se hicieron varios intentos por recopilar la legislación indiana pero con escasa aplicación como las de Juan de Ovando y Diego de Encinas en el siglo XVI. El proyecto de Rodrigo de Aguiar y Acuña en colaboración con Antonio de León Pinelo sirvió de base para la redacción de la Recopilación de Leyes de Indias promulgada en 1680, constituída por 9 libros, 218 títulos y 6377 leyes.

Determinar la condición jurídica y social del aborigen americano fue una constante preocupación de la corona española y objeto permanente de discusiones y polémicas entre teólogos y juristas. Dos fueron las posiciones asumidas  respecto al trato que  se debía dar a  los  “naturales”.

Un tenaz defensor del aborigen fue Fray Bartolomé de las Casas, quién sostenía que eran y debían ser tratados como seres humanos libres y dignos mediante una legislación protectora y una evangelización pacífica.

Seguidor de la teoría aristotélica de que existen  hombres que han nacido esclavos por sus inferiores aptitudes intelectuales y físicas fue Juan Gines de Sepúlveda, quien sostuvo que  España debía  someterlos y hacerles la guerra.

La Corona española adhirió a la doctrina del padre de las Casas, a diferencia de otros países colonialistas europeos de la  época que esclavizaron a los  nativos y no permitieron su mestizaje.

La legislación española que rigió en América disponía que los aborígenes fueran libres, prohibía su venta, donación o préstamo y el servicio personal;  instaba a los funcionarios a cumplir lo dispuesto e imponía sanciones a los que no lo hicieran. En la Recopilación de Leyes de Indias se recomendaba a los virreyes y audiencias que los indios  sean instruidos en la Fe Católica, bien tratados, amparados y mantenidos en  justicia y libertad,  como súbditos y vasallos.

Los intereses económicos, ambiciones personales, necesidad de mano de obra e injusta aplicación del sistema de mercedes de tierras y encomiendas de indios alteraron los principios  humanitarios que inspiraron a la Corona española y generaron un sistema de  servidumbre y explotación  que diezmó  a la población aborigen, arruinó a la economía e incluso provocó cruentas guerras. Producto de ello son las denuncias de obispos, misioneros y algunos funcionarios contra los abusos cometidos por gobernantes y vecinos encomenderos.

En la gobernación del Tucumán, de la que formaba parte el actual territorio catamarqueño, la explotación del aborigen adquirió notables proporciones; una consecuencia de esta situación fueron las sangrientas guerras calchaquíes (1630-1665).

La legislación indiana procuró infructuosamente mitigar las injusticias de la colonización española por medio de provisiones, disposiciones y ordenanzas protectoras. La Real Provisión de 1536, las Leyes Nuevas de 1542, las disposiciones de Ramirez de Velazco y ordenanzas de Abreu y de Alfaro tuvieron serias dificultades en su aplicación y resultaron ineficaces.

Ordenanzas de Abreu


Fueron sancionadas por el gobernador del Tucumán Gonzalo de Abreu el 10 de abril de 1576, otorgaban a los encomenderos el derecho a organizar el trabajo de los aborígenes varones en las estancias o llevarlos en mita a trabajar en otros lugares y de las mujeres indígenas en tareas propias de su condición; a cambio debían darles protección y descanso, adoctrinarlos en el catolicismo, y permitirles cultivar sus propias tierras; además reglamentaba el trabajo y usufructo de los algarrobales.

Disposiciones de Ramirez de Velazco

Procuraron mejorar la condición social del aborigen exigiendo se cumplan las ordenanzas de Abreu, a la vez que impusieron controles a los encomenderos en el trabajo y traslado de los naturales y fomentaron la obra evangelizadora de la Iglesia Católica en la gobernación.

Ordenanzas de Alfaro

La proliferación de denuncias  y reclamos respecto a  los excesos cometidos por los españoles dieron lugar a la visita que realizó al Tucumán, Río de la Plata y Paraguay el fiscal de la Audiencia de Charcas Licenciado Francisco de Alfaro. El 7 de enero de 1612 dictó en Santiago del Estero las Ordenanzas que llevan su nombre. En sus 120 artículos se prohibía el servicio personal, la venta y traslado  de los indígenas varones de 18 a 50 años dándoles la libertad de contratar su trabajo; a cambio de su protección y adoctrinamiento debían pagar una taza o tributo anual a su encomendero. Las mujeres indígenas estaban exceptuadas de estas obligaciones. A pesar de su espíritu humanitario y de ser confirmadas por el rey en 1618 no pudieron aplicarse efectivamente por la falta de compromiso, denuncias y acusaciones de los encomenderos.

La mayoría de los historiadores opinan que  la puesta en práctica de las ordenanzas ocasionaron perjuicios a la economía y  la sociedad del Tucumán y de Catamarca, puesto que paralizaron la producción,  perjudicaron a los encomenderos porque el indio se negó a trabajar y pagar tributos, generaron innumerables conflictos judiciales y enfrentamientos. En teoría fueron excelentes por su espíritu humanitario y civilizador pero resultaron impracticables por qué no respondían  a la realidad social  y a las necesidades  económicas de la región.

 

 
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